Desde APADEX observamos perplejos y con preocupación como la Consejería de Educación y Empleo pretende volver a poner en marcha un nuevo decreto horario en educación secundaria insistiendo en los errores de hace dos cursos.
No entendemos por qué lo hace con esta urgencia, recortando a la mitad los plazos de alegaciones.
No compartimos que insistan en obligar a los alumnos de 1° de Bachillerato que escojan la asignatura de Ética y Ciudadanía a cursar Religión, aunque nunca lo hayan hecho, y viceversa. Esta obligación atenta contra un derecho fundamental como es el Derecho a la Educación, que se recoge tanto en nuestra Constitución como en el Ordenamiento Jurídico de la Unión Europea, concretamente, en el artículo 14.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que establece el derecho a la educación, el cual se inspira tanto en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como en el artículo 2 del Protocolo Adicional al Convenio Para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que dice lo siguiente:
"A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas."
Entendemos que con la reducción horaria que se establece, el aseguramiento de esta educación se ve vulnerado.
Las familias vivimos una inestabilidad que no hace bien a la formación de nuestros hijos, por cambiar este decreto 4 veces en 4 años.
Pedimos que todas las áreas curriculares, en la educación plena de nuestros hijos, se imparta con calidad, asegurando un mínimo horario digno.
Rogamos que no nos hagan entrar a los padres en discusiones políticas o ideológicas en torno a la educación de nuestros hijos e hijas y eviten confrontaciones ficticias de este tipo, ya que no las vivimos en las puertas de colegios e institutos. No queremos que la educación de nuestros hijos sirva de herramienta política para recuperar votos perdidos en pasadas elecciones. La utilización política de la educación desde el ámbito autonómico, cada vez más frecuente, tiene graves consecuencias, y es origen común de numerosos conflictos.
Hay otros aspectos en educación que sí nos preocupan realmente.
Por último, recomendamos que antes de legislar se dialogue con todos los agentes implicados, especialmente en este aspecto con quienes tuvieron que recurrir a la justicia por indefensión. En lo que respecta a APADEX, no hemos sido consultados. Basta ya de malgastar recursos económicos, materiales y personales de la Junta de Extremadura y, por ende, de todos los Extremeños, para judicializar asuntos para los que no es necesario recurrir a los Juzgados y Tribunales: basta con una mínima voluntad de diálogo para que estos asuntos se lleven a cabo de forma pacífica. Recordemos que los Padres y Madres de Extremadura estamos pagando esta judicialización del asunto dos veces: la primera, con nuestros impuestos, en tanto en cuanto sostenemos la Administración Autonómica, lo que incluye a los gabinetes jurídicos de la misma; la segunda, con los gastos que supone defendernos en los tribunales, como parte interesada que somos, ante Decretos como el que nos ocupa, y que atenta contra uno de los derechos fundamentales que tenemos como Padres y Madres de nuestros hijos e hijas.
