En una decisión sin precedentes, el Tribunal Supremo se ha rectificado a sí mismo y, sólo dos semanas después de que decidiera que son las entidades financieras quienes debían pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), da un giro de 180 grados y determina que es el cliente quien debe soportar su pago.
Esta decisión vulnera el propio principio del impuesto, pues la ley que lo regula determina bien a las claras que es quien se beneficia de la inscripción registral de un determinado acto, quien debe pagar dicho impuesto. La inscripción de una hipoteca beneficia, sólo y exclusivamente, a la entidad que la concede, pues el consumidor no obtiene absolutamente ninguna ventaja porque su deuda figure junto a su inmueble. Sin embargo, el Supremo se ha plegado a las presiones de la banca y ha decidido dar marcha atrás y cargar el impuesto a la parte más débil, el ciudadano.
Desde la Unión de Consumidores de Extremadura manifiestan su sorpresa, pues, aparentemente, "lo que se iba a decidir en esta sesión plenaria del Supremo era más bien la forma en la que se iba a aplicar la sentencia dictada hace dos semanas que, no olvidemos, es firme; es decir, que se iba a establecer en qué casos el cliente podría reclamar y la retroactividad de la decisión, pero nunca la esencia de la misma. Y, en segundo lugar, nuestra más profunda indignación por este repentino cambio de criterio que, más que nunca, pone en duda que de verdad exista justicia para los ciudadanos".
Nuevamente, como ya ocurrió con la retroactividad de la cláusula suelo o previsiblemente ocurrirá con el IRPH, la banca vuelve a ganar el pulso a la sociedad española y tendremos que espera a que venga el TJUE a enmendarles la plana y defender, como siempre deben hacer los órganos jurisdiccionales, el estricto cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico y no lo intereses de unos u otros grupos de presión.
Se alegarán razones de índole económico, del quebranto que una sentencia de este calado podría suponer en el sistema financiero; pero, no olvidemos, los bancos nunca pierden la guerra. Pueden perder una batalla, pero subirían comisiones, encarecerían las hipotecas y los préstamos al consumo, pero nunca, nunca, perderán dinero por decisiones que favorezcan a los ciudadanos. En todo caso, y si el IAJD lo debe pagar quien no obtiene ningún beneficio por la inscripción de la hipoteca, ¿por qué no suprimirlo y aumentar el tipo del impuesto de sociedades a la banca? Salidas posibles existen; otra cosa es que se quiera tomar ese camino.
Ante esta situación, la Unión de Consumidores de Extremadura da un consejo claro: "todos aquellos que estaban esperando la decisión del TS para demandar a su entidad deben esperar a que Europa se pronuncie, pues que se haya tomado esta decisión por parte del Alto Tribunal, no significa más que debemos tener aún más paciencia para reclamar lo que legítimamente nos corresponde".
