La Asamblea de Extremadura ha aprobado por unanimidad una propuesta por la que reclama a la Junta que refuerce la atención que presta a las personas con discapacidad interesadas en emprender un negocio ya sea mediante la constitución de una empresa o mediante el empleo autónomo a través de la red regional de Puntos de Acompañamiento Empresarial (PAE).
Los cuatro grupos de la Cámara autonómica ha apoyado la iniciativa presentada por la Agrupación de Diputados de Ciudadanos, tras acordar con el Grupo Socialista una enmienda transaccional al texto original, que reclamaba la suscripción de un convenio con la Asociación Extremeña de emprendedores con discapacidad para crear una oficina de atención al colectivo.
Una medida que, según ha explicado el diputado del Grupo Socialista Andrés Moriano, supondría la apertura de una nueva ventanilla y, por tanto, un incremento en la burocratización del proceso, por lo que ha propuesto el desarrollo de cuantas medidas sean necesarias a través de la red regional de Puntos de Acompañamiento Empresarial (PAE).
En concreto, la propuesta aprobada definitivamente insta a la Junta a disponer en los PAE "cuantas medidas sean necesarias" para potenciar el emprendimiento de personas con discapacidad de modo que se les "facilite la formación, la orientación, el acompañamiento en los mismos, con el objetivo de su plena inclusión en los procesos económicos y productivos".
La diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha aceptado la propuesta de los socialistas con el fin de que su iniciativa saliera adelante, si bien ha advertido que hará un "seguimiento" de las medidas puestas en marcha por la Junta en este sentido aludidas por los diputado del PSOE.
En cualquier caso, ha subrayado que su propuesta tiene como fin último "favorecer y facilitar la inclusión laboral de las personas con discapacidad", así como dar "mayor visibilidad, normalización" en un campo, ha dicho, en el que "queda mucho por hacer".
Por ello, ha pedido a la Junta que intensifique el impulso para que las personas con discapacidad puedan emprender en igualdad de condiciones que el resto de la población, para lo cual debe sacar al colectivo del "limbo" en el que se encuentran.
Asimismo, pretende corregir una asignatura pendiente en materia de discapacidad, como es el "desequilibrio" entre el número de personas con discapacidad que forman parte del mercado laboral como asalariados, que suponen en torno al 88 por ciento, mientras que los que trabajan por cuenta propia no llegan al 12 por ciento.
AVANZAR EN LA IGUALDAD
Por su parte, el diputado del Grupo Socialista Andrés Moriano ha señalado que "pese a lo mucho" que se ha realizado en esta materia, en su partido consideran que aún es "insuficiente", puesto que además de evidenciarse cifras de incorporación muy bajas del colectivo al mercado laboral, las mujeres están "aún en peor situación".
Al respecto, ha subrayado la apuesta de los socialistas por la Estrategia de Economía Verde, que mantienen entre sus principios de "inquebrantables" la reducción de las desigualdades.
MANDATO LEGAL QUE NO CUMPLE LA JUNTA
Por su parte, la diputada del Grupo Popular María de los Ángeles Muñoz ha insistido EN que, a pesar de la iniciativa aprobada este jueves, la puesta en marcha de medidas que garanticen a las personas con discapacidad el acceso al mercado de trabajo en igualdad de condiciones que al resto de la población es "un mandato legal", recogido en múltiples normas, entre ellas la Constitución o el Estatuto de los Trabajadores, por lo que en este caso la Junta tiene "obligación legal de actuar".
Algo que, según ha dicho, "no está haciendo", como se pone en evidencia que el Plan de Empleo Autónomo de la Junta no cuenta entre sus colectivos preferentes a las personas con discapacidad.
Por todo ello, Muñoz ha abogado por la puesta en marcha de una estrategia de emprendimiento de las personas con discapacidad y la posterior firma de convenios con entidades del tercer sector para ejecutarla de una manera efectiva.
MÁS TRABAS PARA DISCAPACITADOS
Finalmente, el diputado de Podemos Obed Santos ha subrayado que si para cualquier extremeño resulta "difícil empezar un negocio, para una persona con discapacidad lo es más", dado que a las "trabas burocráticas y económicas" que sufre cualquier emprendedor, en este caso se unen las propias de su discapacidad, que "les impide empezar y competir en igualdad de condiciones".
Por ello considera que la implicación de las administraciones debe ser "máxima", al tiempo que ha criticado que "huyen de su responsabilidad", ha dicho, en los centros especiales de empleo.
