La Junta General del Consorcio para la Gestión de los Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz, Promedio, ha aprobado este mediodía el presupuesto de la entidad para el año 2023, que congela las tasas y cuotas de participación tanto para las personas usuarias como para los ayuntamientos.
Las cuentas de 2023 se fijan en 38,7 millones de euros orientados a afrontar los retos de “digitalización, ciberseguridad y sostenibilidad” que marca la sociedad actual, según indicó el presidente de la diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, durante su intervención en este órgano de decisión.
Un centenar de alcaldes y alcaldesas refrendaron esta mañana en la sede del Consorcio el proyecto de presupuesto que se reduce en 2,4 millones respecto al ejercicio actual por la reprogramación de las inversiones del Plan Depura.
El dinero que la Diputación de Badajoz debe transferir a Promedio para construir las depuradoras comprometidas en el I Plan en 2023 (5,2 millones de euros) se aplaza a las cuentas de 2024. “No es que quitemos esa inversión, es que no nos hemos podido gastar aún las inversiones previstas anteriormente”, aclaró el presidente.
Si no se contabilizan dichas inversiones extras del Plan Depura en ambas anualidades, el presupuesto de Promedio crece en algo más de un 6% gracias a la “confianza de los alcaldes y alcaldesas”, que se traduce en incorporaciones de municipios y a la prestación de nuevos servicios.
Gallardo ha subrayado que tanto Promedio como la Diputación de Badajoz van “en el buen camino” con políticas “encauzadas a tres grandes retos: digitalización, ciberseguridad y sostenibilidad”. En este sentido ha adelantado que la institución creará “un departamento o un área exclusiva especializada en ciberseguridad” para blindar la red de comunicaciones provincial y evitar el robo de datos.
En cuanto a las cuentas de Promedio, la principal novedad fue la aprobación de la cuota de participación con los precios que abonarán los ayuntamientos adheridos al servicio de recogida y transporte de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), para el cual se ha consignado una cuota fija, de 0,89 euros por habitante al año, y una variable de 25,56 euros o 34,50 euros por cada metro cúbico de ripios recogidos, en función de si la mezcla de residuos en el contenedor es óptima o, por el contrario, contiene muchos materiales inapropiados.
